Escribe: José Luis Gil Becerra
Experto en Seguridad
"El personal policial tuvo la valentía (y el deber) de tratar de revivir a varios de los afectados por el tumulto, sin tomar en cuenta que podían contagiarse de COVID-19".
La noche del sábado 22 de agosto, 13 personas fallecieron en la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos, como parte de un grupo de 120 personas que estaban en flagrante delito trasgrediendo las normas del estado de emergencia; inclusive, actuaron como agentes de contagio del virus, tal y conforme quedó demostrado al dar positivo para COVID-19 11 de los fallecidos y 15 de los detenidos.
Dejamos en evidencia nuestra indignación en razón de que algunos políticos, en el afán de atacar al gobierno, pretenden responsabilizar a la Policía por su intervención. Rechazamos la lógica perversa de castigar la función policial y relativizar la informalidad, el delito y la transgresión de las normas de quienes nos protegen, como en el presente caso.
La intervención policial fue correcta. El capitán Amézquita constató la infracción, intervino el local con tres efectivos, hizo que cesara la música y organizó la salida de los participantes clasificándolos entre hombres y mujeres, poniendo inclusive a las damas cerca de la puerta para la salida. Los delincuentes que se encontraban entre los asistentes (al menos cinco, entre fallecidos y detenidos, registran antecedentes por robo, hurto, tráfico de armas, tráfico de drogas y violación) al ver peligrar su libertad, provocaron la aglomeración mortal haciendo presión sobre las damas, atacando a los efectivos policiales (arrojándoles botellas de cerveza) para crear el caos y huir. Luego sobrevino la tragedia.
El personal policial tuvo la valentía (y el deber) de tratar de revivir a varios de los afectados por el tumulto, sin tomar en cuenta que podían contagiarse de COVID-19. Felizmente los efectivos ya están a buen recaudo de la sanidad policial, y esperemos que no se hayan contagiado y así puedan seguir con sus labores y ver a sus familias.
Lamentamos el papel del alcalde de Los Olivos, quien dijera ayer que solo tenía “responsabilidad sentimental” en el hecho. Su flagrante inacción ha jugado a favor de la impunidad, permitiendo el libre funcionamiento del local, sin clausurarlo definitivamente con tapiado de puertas si es posible, y así evitar la tragedia. La responsabilidad penal de los que regentaban el negocio es indudable. Esperamos que la justicia no demore una eternidad como en el caso Utopía y se haga justicia para los deudos.
Las líneas de trabajo que se plantean están enfocadas en una nueva visión de la inteligencia policial (inteligencia para prevenir), unificar las unidades de emergencia (creando el sistema de emergencia) para mejorar la capacidad de respuesta ante el llamado de la población, y la aplicación de una estrategia de emplazamiento y desplazamiento del patrullaje especializado en zonas de mayor incidencia de inseguridad.
Publicado: Diario Perú 21
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